Empleo en Endesa: «Apenas hay demandas por recelo de los trabajadores»

Protesta de CCOO Endesa contra los recortes sociales y la precariedad laboral. Foto: CCOO.

José Manuel Falagán trabaja en Endesa desde 1992. Este operario de la Central Térmica de Mahón acumula ya 24 años de experiencia sindical y es el actual secretario general en Endesa de Comisiones Obreras (CCOO), la unión de trabajadores más numerosa en esa compañía eléctrica. Falagán, que vivió como trabajador y sindicalista la fusión de antiguas empresas del extinto Instituto Nacional de Industria de la que nació la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa), y también las duras negociaciones de convenios colectivos en plena crisis económica, responde a La Marea sobre la situación laboral en la antigua estatal eléctrica.

¿Qué tipo de denuncias y problemas son más frecuentes entre los empleados de Endesa?

Apenas hay demandas judiciales por recelo de los trabajadores. Nadie se quiere ver señalado, ya que se ha perdido la sensación de estar en una empresa que no te estigmatizaba por el hecho de reclamar tus derechos. Los mayores problemas que se dan son de conciliación, el exceso de horas extraordinarias a realizar de manera forzosa por mala planificación o falta de personal, un clima laboral muy necesitado de mejoras, riesgos psicosociales severos, sensación de parcialidad por parte de la jefatura a la hora de valorar los méritos y rendimientos de los trabajadores…

El buzón que Endesa pone a disposición de la plantilla para notificar riesgos y problemas, ¿es anónimo?

Existen dos modalidades: una es la anónima vía online, para denunciar prácticas contrarias al Código Ético de Enel. Las reclamaciones sobre riesgos laborales, incumplimientos de normativa o problemas de mobbing laboral se tienen que hacer mediante comunicación por escrito a los respectivos responsables o comisiones al efecto.

Desde el sindicato, ¿qué cree que debería mejorar y qué destacaría como logros y aspectos positivos en la situación laboral dentro de Endesa?

Pertenecemos a una gran empresa del sector, de reconocido prestigio tanto en Europa como en América Latina; con un convenio cuyas condiciones son mejores respecto a las del mercado laboral externo. En Endesa tenemos una representación social fuerte y con marcada capacidad de gestión, conocimiento e influencia sobre los aspectos laborales.

Como aspectos negativos, deberíamos mejorar en conciliación laboral y familiar, la transparencia en la adjudicación de vacantes, el reconocimiento de méritos y rendimiento, los riesgos psicosociales, el clima laboral, la identificación con la empresa… Ahora los trabajadores, en lugar de ver Endesa como su casa, la ven como un mero medio de vida. Desde Comisiones Obreras valoramos positivamente los avances en igualdad, aunque ahora percibimos un retroceso y falta de compromiso en seguir con las mejoras por parte de la empresa. También es muy destacable la labor y compromiso de todos correspondiente a la gestión de la seguridad y la salud, así como una tendencia creciente en la valoración positiva de los trabajadores hacia la representación social, a pesar de las dificultades añadidas por el desequilibrio de fuerzas que ha supuesto la reforma laboral y el empeño de algunos medios de comunicación muy centrados en desacreditarnos sí o sí.

Se ha perdido la empatía de empresa nacional. Ahora pertenecemos a Enel, empresa pública italiana, que tiene una política de gestión muy marcada que pone por encima de todo el reparto de dividendos y los beneficios en favor de los intereses de Italia.

La mayoría de las denuncias que recibe Endesa por parte de empleados son «infundadas», según la compañía (8 de 10 denuncias recibidas en 2016 eran infundadas; en 2014, eran 12 de 17). ¿A qué se debe esto?

No comparto ese dato, necesitaría conocer cómo contabilizan esos registros, pues no me salen las cuentas cuando hablamos de «infundadas». Otra cosa es la dificultad de ganar pleitos cuando la empresa se puede permitir los mejores bufetes de abogados. O si ganas según qué tipo de demandas, el premio para el trabajador supone aceptar las condiciones de la empresa o pedir la cuenta; y las desventajas que representan las inspecciones de trabajo faltas de recursos y, por qué no decirlo, a veces muy dulce a la hora de poner sanciones económicas a una empresa con la capacidad económica de Endesa o similares, pues las sanciones son tan livianas, que se convierten en ineficaces.

El único accidente mortal que registró Endesa en 2016 [Sergio Gualda] fue el de un empleado de una subcontrata. ¿Desde CCOO trabajan o se relacionan con personal de subcontratas de Endesa?

En este apartado no somos diferentes al resto de empresas. Se necesita reformar la ley en todos los aspectos sobre regulación de las subcontratas, poniendo límites, evitando la precariedad laboral a la que están sometidas y la falta de agentes sindicales organizados en las mismas. Además de peores condiciones salariales y de regulación laboral, si nos centramos en nuestro sector, debemos tener muy en cuenta que a mayor rotación de trabajadores y menor experiencia en el oficio, hay que sumar que hablamos de actividades donde los riesgos son más severos, y eso supone una muy mala combinación. La subrogación entre empresas debería estar regulada por ley.

Desde CCOO estamos en contacto y tratamos de apoyar a las subcontratas, pero las dificultades son mayores. Y el resultado es desigual en función de qué actividad, qué empresas, las zonas geográficas y sobre todo, si están sindicadas o no. Ahora la situación es peor que nunca con la aparición de las empresas multiservicios y las facilidades que tienen por la falta o imposibilidad de control para bordear la ley impunemente, pues se pueden derivar servicios mediante la subcontratación a países alejados de la actividad de la empresa y donde los derechos laborales brillan por su ausencia. En pasadas negociaciones pusimos sobre la mesa la necesidad de abordar un Protocolo de Contratas para regular ciertas condiciones y límites de mínimos que han de reunir las subcontratas en un sector como el nuestro, pero no tuvimos éxito. Nuestro objetivo a priori sigue siendo el mismo, por lo que no dejaremos pasar ninguna oportunidad para poner esa necesidad sobre la mesa.

En 2016 solo un empleado recibió formación sobre Derechos Humanos en Endesa. En 2014 fueron 32. ¿Para qué sirven estas formaciones? ¿Por qué se instruye menos ahora que antes?

En mi opinión son herramientas que las empresas utilizan más como marketing que como algo real de un proyecto serio, y a medida que profundizan en ello y se les comienza a volver en contra por mayores exigencias, terminan desistiendo. El ejemplo lo tenemos con el distintivo de Empresa Familiarmente Responsable del que Endesa ha desistido después de varios años publicitando el tema.

Las mujeres (directivas, operarias, etcétera) reciben salarios más bajos en Endesa y están subrepresentadas en los puestos de responsabilidad, ¿por qué?

Afortunadamente en Endesa las tablas salariales se regulan por puesto de trabajo, siendo estos transversales en cuanto a género, pero de manera generalizada suelen estar subrepresentadas en los puestos directivos y, por ende, en los puestos clásicos de oficio. En la mayoría de las empresas, aún queda un largo camino por recorrer para la integración e igualdad de la mujer en el ámbito laboral.

En el tema de los salarios, salvo en la administración y similares, no hemos avanzado mucho socialmente en este siglo con respecto al anterior. Las empresas no apuestan por una valoración profesionalizada e imparcial de los puestos de trabajo, siendo común la incapacidad generalizada de los directivos para justificar con datos objetivos el porqué de la subrepresentación de la mujer en puestos de responsabilidad, y el porqué de las diferencias retributivas, pues las tablas salariales pactadas, cuando las hay, sí suelen guardar cierta proporcionalidad. Pero esta se pierde una vez operan las variables y valoraciones extras, carentes de objetividad y transparencia, a las que cada vez con más frecuencia se somete a las retribuciones económicas por parte de las grandes empresas. Buscan incansablemente restar garantías e individualizar las relaciones laborales en detrimento de los agentes sociales que defendemos la igualdad de oportunidades y la transparencia en la regulación del equilibrio entre derechos y obligaciones laborales.

La cara menos amable de trabajar en Endesa

Postes de alta tensión. Foto: Caribb.

Endesa tiene en la actualidad 9.694 trabajadores, lejos de los 24.700 que llegó a tener en 2010. Aquel año, la italiana Enel se hizo con el control de la eléctrica española, después separó sus negocios latinoamericanos, llevándose así una buena parte de la plantilla. También aceleró una tendencia generalizada en el sector: la externalización de todo tipo de actividades hacia subcontratas.

Endesa asegura que el 97% de su plantilla externa tiene convenio colectivo, pero La Marea no pudo contrastar el dato ante la negativa de la compañía para facilitar el nombre de algunas de sus subcontratas.

En 2015, se convocó una huelga de dos días (con un 90% de seguimiento, según CCOO y UGT) por parte de los técnicos subcontratados de Endesa en Cataluña. La compañía se negó a negociar mejoras laborales y más inversión en personal y seguridad porque, a su parecer, el conflicto era competencia de las subcontratas. «Hablamos de gente que trabaja a 30 metros de altura con cables (…); en este sector no hay accidentes leves, todos son graves», explicó a El País José Marín, coordinador de Industria de CCOO.

A falta de datos actualizados y de respuestas de la compañía (este medio lleva desde marzo de 2017 tratando, en vano, de recabar su postura), en los documentos de acceso abierto de Endesa consta que en 2016 recibió solo 10 denuncias internas, pero ocho fueron declaradas «infundadas». En 2015, seis de ocho denuncias también lo fueron, y en 2014, 12 de 17.

Por otro lado, las reclamaciones (no confundir con denuncias) de los empleados de Endesa siempre arrojan una cifra redonda: fueron 7.800 en 2014, 7.900 en 2015 y, de nuevo, 7.900 en 2016. La compañía tampoco responde para aclarar la coincidencia reiterada de estas cifras.

Endesa se estrenó en 2017 con una puntuación muy elevada (95 puntos sobre 100) en el Dow Jones Sustainability World Index, que mide criterios sociales, económicos y medioambientales a largo plazo. Los informes de responsabilidad social de la mayor compañía eléctrica de España aseguran que el 80% de su plantilla ha recibido cursos en materia ética y dispone de diversos canales para dejar constancia de cualquier riesgo o incidente que pueda perturbar el excelente clima laboral que, supuestamente, impera en sus instalaciones.

En sus distintos informes, destaca aspectos positivos de su política laboral, como las facilidades para que la plantilla adquiera vehículos eléctricos o su programa de conciliación familiar, que beneficia a 163 empleados, aunque desde 2016 la compañía ya no obtiene el certificado de Empresa Familiarmente Responsable, un distintivo del que Endesa «ha desistido después de varios años publicitando el tema», explica José Manuel Falagán, secretario de CCOO en la eléctrica.

El entorno ideal que aparece en los documentos corporativos de Endesa contrasta con las múltiples quejas que sindicatos y trabajadores difunden a través de las redes sociales. Desde problemas del día a día, como la negativa de la empresa a lavar ropas contaminadas con agentes cancerígenos (lodos, cenizas, fuel), hasta las dificultades en materia de conciliación laboral, diversos riesgos psicosociales, un clima enrarecido tras la reforma laboral y la venta de Endesa a la italiana Enel, o la imparcialidad de ciertos cuadros directivos a la hora de conceder ascensos.

Buena parte del último informe de Responsabilidad Social Corporativa de Endesa incide en la intensa labor para inculcar a su plantilla la importancia de respetar los derechos humanos. La letra pequeña ofrece una imagen menos ambiciosa de este compromiso: en 2016 solo un empleado recibió formación esta materia. En 2015, fueron seis. De momento, uno de los derechos fundamentales que sigue violando Endesa es el principio de igualdad entre hombres y mujeres: por ejemplo, ellos ganan de media 22.565 euros más que ellas en la categoría de directivos, y 6.877 euros más en la categoría de operarios.

Últimos accidentes mortales

Miguel Ángel Menéndez, Sergio Gualda y Luis Polo son oficialmente los tres últimos operarios que perdieron la vida mientras realizaban actividades para Endesa España (2015, 2016 y 2017 respectivamente). Los dos primeros trabajaban para una subcontrata.

Luis Polo, el último fallecido (diciembre de 2017), recibió un homenaje de sus compañeros de la Central Térmica de Andorra (Teruel), que guardaron cinco minutos de silencio ante las instalaciones de la compañía, un homenaje en el que la prensa tuvo vetado el acceso y la planta no dejó de funcionar en ningún momento. «Es muy difícil que se aclare lo que ocurrió de verdad porque no hay testigos», lamentó Hilario Mombiela, presidente del comité de empresa en esa central. La compañía y diversas autoridades, entre ellas la policía, todavía investigan este siniestro.

No es posible conocer la siniestralidad laboral de esta compañía y sus subcontratas en otros países como, por ejemplo, Marruecos, Guatemala o Colombia, ya que no publica información al respecto, aunque Endesa sí reconoce en sus documentos públicos que el índice de frecuencia combinado de accidentes es un 43,5% superior en sus subcontratas.

De artífice de la privatización de AENA a socio de una firma de capital riesgo

De maestro de orquesta en el proceso de privatización de AENA, empresa semipública (51% propiedad del Estado), a socio de la firma estadounidense de capital riesgo Rhône Group en poco más de un mes. Durante sus cinco años como presidente de AENA, José Manuel Vargas fue un arduo defensor de la venta de la compañía semipública que administra la red de aeropuertos españoles (46 aeropuertos y dos helipuertos). Cuarenta días después de dimitir y dejar a la empresa inmersa en un profundo conflicto laboral, Vargas entró en Rhône Group, gestora de varios fondos de inversión, una decisión que la Confederación General del Trabajo (CGT) califica como «otro caso de puertas giratorias» de una figura del ámbito público.

Este lunes la sección de la CGT en AENA denunció que Vargas, «sin ningún periodo de carencia, aprovecha el conocimiento adquirido y sus contactos» para aumentar su fortuna con su entrada en Rhône Group, donde también trabaja uno de los hijos del expresidente Aznar, y pidió por escrito a los distintos grupos del Congreso que regulen la dirección y gestión de AENA para evitar conflictos de intereses y asegurar el carácter de servicio público que la ley confiere a esta compañía. El sindicato subraya que durante el tiempo en que Vargas presidió AENA (fue nombrado en 2012, con Ana Pastor en Fomento), sus decisiones estuvieron orientadas a favorecer intereses particulares y privados, fomentando su progresiva privatización y menospreciando el carácter de servicio público que la legislación española le asigna a esta compañía.

En 2015, con Vargas en la presidencia de la compañía, el gobierno de España inició la venta de sus acciones en AENA y varios fondos buitre, entre ellos BlackRock, comenzaron a hacerse con el control de la empresa, que tiene carácter estratégico (sector transportes), opera en régimen de monopolio en España y puede ser vital para la economía del país, cada vez más dependiente del turismo.

Vargas, que en el pasado fue consejero delegado de Vocento (editora de ABC, entre otros medios), ha estado al frente de la compañía en una etapa marcada por buenos resultados económicos registrados gracias a las cifras récord de turistas en España (más de 70 millones de visitantes en 2016) y a las elevadas tasas aeroportuarias, una de las principales fuentes de ingresos de AENA, a pesar de las críticas de instituciones tan conservadoras como la patronal CEOE, que pide reducirlas para facilitar la llegada de más visitantes.

Sin embargo, desde la CGT llevan varios años denunciando la precariedad de los trabajadores de AENA debido a las políticas impulsadas por Vargas para reducir costes mediante recortes y aumentando la presencia de subcontratas -entre las controversias más recientes están las huelgas de guardias de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat del verano pasado, o el ERE que afectó a 1.600 trabajadores en 2012-. «Vargas, con su huida, también deja en el aire un supuesto acuerdo, a día de hoy secreto, y que firmó con los sindicatos institucionalizados, CCOO, UGT y USO», señala la CGT a través de un comunicado en el que, además, exige que dicho acuerdo se haga público. Este sindicato también advierte que dejar AENA en manos de fondos buitre puede poner en riesgo «las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias».

AENA es la empresa participada por el Estado que más dinero aporta a las arcas públicas (293 millones en dividendos fueron para el Estado en 2016). También es la mayor empresa aeroportuaria del planeta por capitalización bursátil. Aunque suene contradictorio, el gobierno que preside Mariano Rajoy ha ido reduciendo la presencia del Estado en esta empresa incluso en momentos en que su valor iba en alza, y a pesar de las necesidades a corto y largo plazo del Estado para recaudar dinero y enfrentar el déficit fiscal y pagar deuda pública.

Incluso el FMI reconoció que España no tenía necesidad de emprender esta privatización para cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores. Hoy las acciones de AENA valen el triple que cuando en febrero de 2015 el gobierno vendió el 49% de las mismas por 58 euros tras la salida a bolsa de la empresa. «Era un negocio magnífico para los inversores, entre ellos fondos buitre, pero no para el Estado», declaró César Ramos, portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso, en un reportaje publicado por La Marea en 2016.

La privatización de AENA presenta también otro conflicto al contraponer la prestación de un servicio público a las exigencias de los inversores para maximizar sus propios beneficios. «España es uno de los países con la mayor ratio de aeropuertos por habitante. Se puede debatir si hay demasiados (…) pero es inevitable que haya aeropuertos deficitarios porque prestan un importante servicio a una región y en esto consiste el servicio público, que está reñido con los intereses del capital privado», explicaba Carlos Huerga, ingeniero aeronáutico de Airbus, en un reportaje publicado en La Marea. Aplicar un criterio estrictamente empresarial para decidir si algunos aeropuertos permanecen o no abiertos afectaría principalmente a comunidades como Canarias y Baleares.

En los últimos años, varios aeropuertos gestionados por AENA en el extranjero fueron recuperados por la administración pública porque la falta de inversión de la compañía estaba ocasionando una caída en picado del número de pasajeros. Los dos casos más simbólicos son los aeropuertos de Bolivia, renacionalizados por orden del presidente Evo Morales, y el de Cardiff, capital de Gales (Reino Unido), donde el gobierno regional recuperó el aeropuerto controlado por Abertis y AENA. Este último incrementó su tráfico de pasajeros en un 28% tras un año de gestión pública. En España la dinámica ha sido otra. Por ejemplo, en 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, indultó al empresario sevillano Antonio Manuel Morales, condenado por estafar varios millones de euros a AENA.

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Banco Sabadell, símbolo del poder financiero catalán con sede en Alicante

Sucursal del Banco Sabadell. Foto: Álvaro Minguito.

JOSÉ BAUTISTA Y ASIER ANDRÉS // Dinero, patria y las paradojas del procés. En mayo de este año, Banco Sabadell puso su sede en Miami a disposición del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para su tour por EEUU en busca de aliados empresariales. Pero la tradicional cercanía de este banco con algunos líderes y partidos que hoy conforman Junts pel Sí no pudo evitar que el pasado 5 de octubre Banco Sabadell, uno de los grandes estandartes del poder financiero catalán, se convirtiera en la primera empresa del Ibex 35 en anunciar la salida de su sede social de Cataluña ante el anuncio de una posible declaración de independencia por parte del Govern.

El emblemático banco, con 136 años de historia y un rol clave en el auge de la industria textil catalana, tiene ahora su sede en Alicante, en el mismo edificio que albergaba el centro operativo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), adquirida en 2011 al precio simbólico de un euro, aunque sus servicios centrales siguen en Barcelona. El 18 de octubre, la entidad informó de que pensaba mover su presidencia a Madrid.

Tras la salida de Banco Sabadell y, al cierre de esta edición, más de 1.200 compañías ya habían trasladado sus sedes sociales a Madrid, Baleares, Aragón, País Valenciano y otras comunidades autónomas. Entre ellas, empresas tan simbólicas como CaixaBank –tercer banco de España–, Gas Natural Fenosa y Codorníu. Los medios de comunicación con más audiencia y el propio Gobierno repiten desde entonces, una y otra vez, que estos cambios supondrán graves perjuicios para la Hacienda catalana, haya o no independencia, pero eluden recordar otros problemas financieros que afectan al conjunto del país y la sociedad.

Tuvo menos trascendencia un dato publicado a mediados de octubre: en España, entre el 30% y el 40% del capital de las grandes fortunas se encuentra en paraísos fiscales, un dinero que equivale al 12% del PIB nacional, según la Agencia Nacional de Investigación Económica (NBER por sus siglas en inglés).

El Sabadell, el cuarto banco de España por volumen de activos (212.500 millones de euros), es una de las entidades financieras del Ibex 35 con mayor presencia en paraísos fiscales y en el mercado de la banca privada orientada a clientes ricos. Cataluña solo representa el 15% de su balance, un dato que, junto con los 3.000 millones que se evaporaron de sus depósitos en las dos primeras semanas de octubre, explica sus prisas para cambiar de sede.

Ni Cataluña ni España

El discurso fatalista sobre la fuga de empresas de Cataluña deja en segundo plano viejos problemas legales y éticos por parte de algunas de estas compañías. Por un lado, el alarmismo no estaría justificado porque el cambio de sede “no tiene ningún efecto ya que es a nivel estatal, por lo que no afecta a la Hacienda catalana ni a la de otras comunidades”, explica Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Cruzado recuerda que el grueso de la recaudación de las comunidades autónomas se hace sobre el consumo y no sobre los ingresos de las empresas, por lo que “en principio, el impacto es mínimo” y se limita sobre todo a otros factores, como el traslado de personal, fábricas y otras actividades. El Sabadell dejó claro a través de su consejero delegado, Jaume Guardiola, que sus modificaciones de domicilio son “nominales” y no implican “mover a la gente”.

Además, cambiar de domicilio social no siempre implica un cambio de sede fiscal, aunque la Ley General Tributaria determina que en principio ha de ser la misma. En el caso de los bancos, como el Sabadell, el traslado a Alicante supone como principal ventaja –no es la única– que, en caso de que se produzca la independencia de Cataluña, la entidad seguirá teniendo acceso al Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central Europeo si surgen problemas de liquidez (cubre hasta 100.000 euros por cada cuenta o cliente del banco). El Ministerio de Economía cifra en 80.000 millones de euros la parte del Fondo de Garantía que corresponde a Sabadell y CaixaBank juntas.

Relación con Convergència

Hay un dicho popular que dice que “un buen banquero debe bailar en todas las bodas”. El Banco Sabadell lo ha hecho. Durante años mantuvo una estrecha relación con el catalanismo conservador y, aunque pueda parecer una historia lejana, solo hay que remontarse algunos años para hallar ejemplos claros.

Un reportaje de La Marea revelaba cómo la extinta Convergència i Unió introdujo una enmienda en los presupuestos generales del gobierno de  José Luis Rodríguez Zapatero que permitió que varios directivos del Sabadell, con acciones en el banco a través de la firma Famol Participaciones, siguieran exentos de pagar impuestos al cobrar sus dividendos. Entre los beneficiados estaban, entre otros, Isak Andic, dueño de Mango, y  el mismo Josep Oliu, presidente del Sabadell (quien propuso crear “una especie de Podemos de derechas”, aunque después aseguró que no se refería a Ciudadanos). Famol está inscrita en el mismo domicilio que el despacho de abogados Roca Junyent, la firma del antiguo dirigente de CiU y abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca.

Fue Roca quien en 2015 dejó atados los cabos legales para que el Sabadell pudiera cambiar de sede social en menos de 24 horas, una previsión que CaixaBank no tuvo en cuenta y que llevó al hombre fuerte de esa entidad, Isidro Fainé, a pedirle a Rajoy que cambiara la ley para así poder saltarse los estatutos, que establecen que para cambiar de sede, el banco necesita el permiso de su junta de accionistas.

Banco Sabadell fue una de las últimas empresas del Ibex 35 en adherirse al Código de Buenas Prácticas Tributarias, un compendio de recomendaciones elaborado por el Ministerio de Hacienda. Lo hizo en marzo de este año. Este código, “una declaración de buenas intenciones sin efecto jurídico”, recuerda Carlos Cruzado, establece que las empresas deben evitar las estructuras opacas que operen en paraísos fiscales y deben ser transparentes a la hora de presentar sus declaraciones fiscales.

Sin embargo, de los 23 países en los que opera el Sabadell, la entidad solo detalla los impuestos que paga en España, Reino Unido y Estados Unidos. Tampoco explica por qué en los 15 países que no desglosa, aglutinados bajo la etiqueta “resto”, el rubro “impuestos sobre el resultado” arroja un saldo positivo de más de un millón de euros. A partir de 2018, el Sabadell tendrá que detallar esa información a la Agencia Tributaria, pero no estará obligado a hacerla pública. La entidad no respondió a ninguna pregunta de este medio: “Estamos bastante desbordados”, fue la explicación que dio un responsable de prensa.

Mientras aumentaba su negocio de banca privada para grandes fortunas, el Sabadell expandió su presencia internacional y actualmente posee bancos y filiales en Bahamas, Luxemburgo, Hong Kong y Andorra, entre otros lugares. En este último país tiene activos por valor de más de 700 millones de euros.

Impuestos:

En 2016 el Sabadell declaró un beneficio de 1.019 millones de euros en España, Reino Unido y EEUU, sus principales mercados. De esa cifra, 303 millones fueron destinados al pago de impuestos. El banco no desglosa cuántos impuestos pagó en Luxemburgo, Andorra, Bahamas, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, República Dominicana, Mónaco y, al menos, otros 12 países más.

Paraísos fiscales:

El Sabadell tiene una filial en Bahamas desde que en 2003 se hizo con el control del Banco Atlántico. Mayor es su presencia en Andorra, donde su negocio de banca acumula un patrimonio que asciende a 700 millones de euros. Ambos territorios permiten prácticas financieras opacas.

Accionistas:

Aunque el Banco Sabadell trató de mantener un núcleo duro de accionistas procedentes de familias poderosas de Cataluña, actualmente el capital flotante representa el 92% de sus acciones. Entre sus principales accionistas destacan el mexicano David Martínez Guzmán (ver página 47), el fondo estadounidense BlackRock y el colombiano Jaime Gilinski, que multiplicó su fortuna tras comprar la filial colombiana del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), quebrado tras revelarse que blanqueaba capitales de los cárteles de la droga.

Presencia internacional:

España y Reino Unido son los dos principales mercados de Banco Sabadell. Ahora ha acelerado su expansión en México, Miami, Colombia y otros países de la región.

Desahucios:

El Sabadell presume de no expulsar de sus casas a clientes sin alternativa habitacional, aunque desde la PAH matizan que esta entidad no suele renegociar la deuda.

Miembro oficial de una veintena de grupos de presión

Sede central de Enagás en Madrid. Foto: Enagás.

La principal fuente de ingresos de Enagás está asegurada desde que el gobierno nombró a la compañía operador técnico del sistema gasista. Su abanico de clientes se reduce a otras compañías energéticas y no trata con los pequeños consumidores y hogares, lo cual explica que la gasista mantenga un presupuesto publicitario relativamente bajo (4,7 millones de euros en 2016).

La calificación como operador de sistema también le permite mantener “una relación fluida” y reuniones bilaterales frecuentes con altos cargos de la administración a nivel municipal, autonómico y central, principalmente con los ministerios de Energía, Fomento y Agricultura y Pesca, así como con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como explica Enagás a este medio. Sin embargo, desde la empresa no acceden a detallar las últimas reuniones mantenidas con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, o con el comisario europeo de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete.

Dado que Enagás tiene línea abierta con los principales poderes políticos y reguladores de España, su actividad de lobby frente al gobierno es diferente -y más discreta- que la de otras compañías energéticas y de otros sectores regulados o estratégicos, como las telecomunicaciones o la banca.

No obstante, Enagás forma parte de un amplio número de asociaciones empresariales, patronales y lobbies del gas, la mayoría centradas en dos proyectos ambiciosos y vitales para sus intereses: por un lado, la promoción del gas natural como una fuente de energía fósil «limpia» e «imprescindible», según ellos, para llevar a buen puerto la lucha contra el cambio climático; por otro, la conversión de España en una plataforma internacional o hub para vender gas natural a todo el planeta, un plan criticado por su posible impacto medioambiental y en el turismo, así como por una contrariedad: España apenas produce gas natural.

El mejor lobby, el Gobierno

La actividad de lobby de las empresas tiene por principal misión influir en quienes legislan para tratar de que las normas les sean favorables (o lo menos desfavorables posible). Pero Enagás no es una empresa cualquiera y, aunque es una compañía privada (y privatizada), mantiene como accionista principal al Estado. A pesar de que el 95% de los beneficios y dividendos de Enagás van a parar a manos privadas (el Estado posee el 5% de las acciones), el propio gobierno de la nación actúa a nivel internacional para favorecer los intereses de Enagás, principalmente en Europa.

La prueba más reciente y evidente está en el Paquete de Invierno aprobado por la Comisión Europea para 2017. Este plan, defendido por el ex ministro del PP y hoy comisario de Energía Arias Cañete, no es del gusto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ya presentó varias alegaciones en su contra.

Entre otros cambios, el gobierno de España pide que se recorten las competencias a la Comisión Europea y a los reguladores independientes (en España, la CNMC) en los temas relacionados con política energética, para que las autoridades nacionales tengan más poder en este ámbito.

Entre las medidas que favorecen a Enagás, el gobierno también demanda que no se establezcan objetivos vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y que Europa le permita mantener los pagos por capacidad, unos costes camuflados en la factura de la luz y el gas en forma de impuestos para sufragar las centrales de gas construidas por el exceso de optimismo en el pasado reciente de empresas como Enagás o Gas Natural Fenosa, y que hoy están infrautilizadas (pensaron que la demanda de energía seguiría creciendo al mismo ritmo que antes del estallido de la crisis; desde Europa piden que estas empresas privadas asuman el coste de sus errores de previsión).

Aparte del apoyo gubernamental, Enagás cuenta con tres lobbistas acreditados en Bruselas que disponen de un presupuesto anual de entre 100.000 y 199.000 euros, según declara la empresa en el registro obligatorio de lobby ante las instituciones europeas. Dos de los lobistas declarados de Enagás ante las autoridades europeas hicieron carrera en dos de los mayores grupos de presión de la industria del gas: Gas Infraestructure Europe y ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas).

Además de sus propios lobistas, Enagás también tiene el apoyo de los numerosos grupos de presión a los que pertenece (ver lista al final de este artículo) y sociedades que participa, como la empresa Gasoducto Transadriático (300.000 euros de presupuesto para lobby en Europa), o la Asociación Española de Cogeneración (100.000 euros de presupuesto y cuatro lobbistas acreditados en Bruselas). Los grupos de presión a los que pertenece Enagás y que forman parte del registro de lobbies europeo suman un total de al menos 165 lobistas a tiempo completo.

Las donaciones de Enagás

El código ético de Enagás prohíbe expresamente realizar donaciones a partidos políticos y pide a sus trabajadores que declaren cualquier regalo o donación que reciban. En sus informes de cuentas, Enagás recoge una partida denominada “donativos”. En 2016 donó 100.000 euros a Cáritas por quinto año consecutivo, pero esa es la única organización que consta en sus documentos como receptora de parte de los 2,2 millones de euros que destinó a donaciones ese año.

Sin embargo, las cuentas anuales de Enagás muestran un saldo positivo en el apartado de donativos: ingresó 1,01 millones de euros en 2016 y 405.000 euros en 2015 (en años anteriores no publicaba este rubro). La empresa explica que se trata de “colaboraciones con fundaciones y organizaciones de carácter benéfico” que cumplen con la ley pero no explica por qué los donativos figuran como saldos positivos y no negativos.

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ENAGÁS ES MIEMBRO OFICIAL DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE PRESIÓN:  (entre paréntesis el número de lobbistas acreditados en Bruselas):

España: Sedigás (2), Asociación Española de Cogeneración (4), Funseam (0), UNESA (10), Club Español de la Energía (0), CEOE (11), Energiaren Euskal Erakundea (0), Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (3).

Internacionales: Eurogas (5), European Chemical Industry Council (78), European Committee for Electrotechnical Standardization (7), EASEE-GAS (2), European Federation of Energy Traders (10), European Gas Research Group (0), GIIGNL (0), European Network of Transmission System Operators for Gas (1), Association of Issuing Bodies (8), Natural Gas Association of America (0), American Gas Association (0), International Council on Large Electric Systems (0), European Energy Forum (4), Eurelectric (18), Gas Infrastructure Europe (6), International Association for Energy Economics (0), Marcogaz (2), International Gas Union (0), Natural & bio Gas Vehicle Association (4).

Donación a La Marea

Donación a La Marea

Donación a La Marea

El 55% de la plantilla se rige por un convenio vigente hasta 2019

Construcción del Gasoducto Sur Peruano. Foto: Enagás.

Galardones, acreditaciones al máximo nivel, tres sindicatos incapaces de mencionar un solo elemento mejorable y un extenso repertorio de datos propios dibujan el panorama laboral de Enagás y las 1.337 personas que conforman su plantilla.

En la empresa se trabaja en jornada intensiva en verano y los viernes del resto del año. Más del 90% de su plantilla tiene contrato indefinido y se permite flexibilidad en el horario. Enagás posee la certificación de Empresa Familiarmente Responsable por sus medidas de conciliación, entre ellas una ayuda económica a quienes tienen hijos e hijas en edad de estudiar, y la plantilla recibe cursos de formación de manera regular o participa en campamentos urbanos.

Por séptimo año consecutivo, Enagás vuelve a figurar en el ranking Top Employers de España por cumplir “los más altos estándares” en materia laboral -huelga mencionar que para entrar en la clasificación, antes la compañía ha de pagar el proceso de certificación-. Su canal ético para reclamaciones y denuncias solo recibió tres quejas en 2016: una fue tramitada y las otras dos desestimadas “por expresa renuncia de los denunciantes”.

Actualmente hay tres sindicatos con representación en Enagás: Comisiones Obreras (CCOO), con el 44% de los votos en las últimas elecciones sindicales, seguida de UGT (40%) y la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP, aproximadamente 16% de los sufragios). En 2016 firmaron un nuevo convenio con la compañía que estará vigente hasta 2019 (el 55% de la plantilla está bajo convenio).

Desde UGT, tras una cadena de contactos de seis personas, no atienden a las preguntas de La Marea; al mismo tiempo, el representante sindical de CCP en Enagás redirige a este periodista hasta un representante de CCOO pero no aclara qué relación mantienen entre estos dos sindicatos, en teoría independientes.

Una persona de CCOO que accede a hablar con La Marea, primero por teléfono y finalmente por correo electrónico, pide total anonimato a pesar de no tener críticas hacia Enagás. Reconoce que “en este artículo [la pieza que está usted leyendo] tenemos mucho que perder y poco que ganar” y se limita a exponer los datos e informaciones del informe anual de la compañía.

Asimismo, prefiere no evaluar la situación global de los trabajadores en Enagás, ni los cambios posteriores a la crisis, ni la situación en las subcontratas. En 2016, Enagás tenía en su cartera de proveedores a 1.800 empresas subcontratadas, es decir, más empresas contratistas que empleados propios. Tantos que en 2015 la compañía lanzó un portal web dedicado exclusivamente a sus subcontratas.

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