Gas Natural Fenosa (GNF) es una de las tres compañías que conforman el oligopolio eléctrico, que acapara el 90% de la electricidad que se produce y se consume en España.
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Enagás nació de un monopolio público que fue privatizado por sendos gobiernos del PSOE y del PP, como tantas otras empresas. Hoy el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee una participación del 5% en Enagás, suficiente para mantener su control, pero el restante 95% está en manos de inversores privados, la gran mayoría fondos extranjeros. Esta es la historia de cómo la joya estatal del gas acabó en manos privadas.
Hace ya tres décadas el gobierno socialista de Felipe González inició la privatización de empresas públicas en los grandes sectores estratégicos: telecomunicaciones, banca, transporte y energía. Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó el testigo y continuó vendiendo las participaciones del Estado en esas compañías, labor culminada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (Aena). En aquel afán de vender lo público, dos monopolios estatales pasaron a convertirse en monopolios privados: Enagás y Red Eléctrica de España.
La Empresa Nacional del Gas (Enagás) fue creada en 1972 como brazo gasista del Estado para la construcción y mantenimiento de la red de gasoductos. Enagás pertenecía al Instituto Nacional de Industria, su accionista único hasta 1981, cuando pasó a depender del Instituto Nacional de Hidrocarburos (del que nació Repsol). Fue en 1994, con Felipe González en la presidencia y Juan Manuel Eguiagaray en la cartera de Industria, cuando el gobierno decidió vender sin licitación el 91% de Enagás a Gas Natural -hoy Gas Natural Fenosa– por 51.233 millones de las antiguas pesetas (307,9 millones de euros). El valor corresponde a la recomendación que hizo Santander Investment en un informe encargado por el ministro Eguiagaray. El 9% restante de Enagás quedó en manos del SEPI, el holding que controla las acciones del Estado en distintas empresas.
Algunas voces autorizadas del sector pusieron el grito en el cielo al considerar que la venta, sin concurso y negociada a puerta cerrada, se realizó por debajo de su precio real. El valor de Enagás en los libros de contabilidad del Estado era el doble, mientras que su precio estimado en el mercado triplicaba el monto desembolsado por Gas Natural, empresa que en 2010 fichó como consejero al expresidente González.
El gobierno socialista no solo creó un gran monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural. También asumió su elevada deuda (más de 20.000 millones de pesetas) y se comprometió a actuar si había problemas causados por la guerra civil en Argelia -para ello, Gas Natural exigió que el gasoducto Magreb-Europa fuera gestionado por una nueva sociedad llamada Sagane, en la que el Estado controlaba el 91%-.
Es decir, el Estado habría perdido 63.000 millones de pesetas en la pritavización de Enagás, un dato que recoge el informe oficial al que tuvo acceso el diario El Mundo en el año 2000. Según ese informe, el valor de Enagás en 1994 era superior a los 93.000 millones de pesetas. Un portavoz de Gas Natural respondió entonces que «ni el PSOE ni el PP nos han regalado nada» y defendió que el valor de Enagás se estableció en función de las espectativas, no a su valor contable.
Las condiciones y riesgos asumidos por el Estado en la venta de Enagás en 1994 no trascendieron hasta 1997. Ese año, con Aznar en el poder, la SEPI vendió su 9% restante a Gas Natural por 14.000 millones de pesetas (84,4 millones de euros), es decir, el triple del valor que abonó la gasista catalana por cada acción de Enagás en 1994. De esa forma concluyó la privatización completa de Enagás, pero la historia sigue.
El eslabón perdido del caso Filesa
El Partido Popular acapara hoy en día la mayoría de casos abiertos por presunta financiación ilegal. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el PSOE protagonizaba los mayores escándalos de corrupción por financiación ilegal de campañas electorales. Entre ellos destacó el caso Filesa a finales de los años 1980.
Este caso de financiación ilegal (por entonces no estaba tipificado el delito de financiación irregular) mediante contratos inflados con la administración pública reportó más de 1.000 millones de pesetas que se destinaron a sufragar actos de campaña del PSOE. En 1989, Felipe González fue reelegido presidente por tercera vez, a pesar del enorme desgaste que acusaba.
Esta era la ubicación de las piezas en el tablero del poder cuando los socialistas vendieron Enagás a la catalana Gas Natural en 1994: por un lado, el gobierno de González debía su estabilidad al apoyo de la extinta Convergència i Unió; la Generalitat de Catalunya estaba en manos de Jordi Pujol, que actualmente está siendo procesado por diversos delitos de corrupción, evasión y malversación junto a varios miembros de su familia. Por aquel entonces, Gas Natural ya pertenecía a Repsol (antigua empresa pública), y a La Caixa, siendo esta última la encargada de nombrar a su presidente.
La sintonía y tratos de favor entre Pujol y La Caixa era ampliamente conocidos, pero ahora, además, queda patente en las declaraciones judiciales de varios miembros de su familia. Según el veterano periodista Carlos Segovia, Pujol habría presionado a González para que vendiera Enagás a Gas Natural por menos de su precio real. Tres años después de la privatización de Enagás, el juez del caso Filesa imputó a un abogado de Gas Natural llamado Felipe Cañellas, quien admitió que la gasista catalana había encargado un informe a Filesa valorado en 8,9 millones de pesetas -bajo la denominación de Catalana de Gas, nombre previo a Gas Natural) .
La gasista catalana, que distribuía gas al por menor, tomó el control del mastodonde público que poseía y gestionaba todos los gasoductos del país. «Pujol multiplicó entonces sus presiones para que el pez grande Enagás fuera absorbido por el pez chico Gas Natural», explica el periodista en un artículo del año 2000 publicado por El Mundo.
Europa contra los monopolios
En junio del año 2000, con Rodrigo Rato al frente de Economía y Anna Birulés en Industria, el Gobierno convirtió a Enagás en gestor técnico del sistema gasista español y estableció que la retribución por esta labor la determinaría el ministerio, es decir, el Estado garantizaría la rentabilidad de Enagás mediante órdenes ministeriales.
La ley que regula esta competencia también fijó que nadie podría tener directa o indirectamente más del 35% de las acciones de la empresa, de forma que Gas Natural tuvo que poner en marcha la venta de la mayor parte de su participacicón en Enagás, en concreto un 65% (para quedarse justo con el 35% de la sociedad). Esta norma obedecía una directiva europea de 1996 (de obligado cumplimiento) para evitar que una misma empresa controlara toda la cadena energética (generación, transporte, distribución y comercialización).
Cuatro años después de la entrada en vigor de esa medida, Gas Natural redujo su participación al 29,9% de Enagás, pero una nueva vuelta de tuerca por parte de los reguladores la obligó a seguir reduciendo su presencia en Enagás al 5%, con 2007 como fecha límite, para asegurar que nadie tuviera trato de ventaja para acceder a la red de transporte de gas en España. Por aquel entonces presidía Enagás Antonio González-Adalid, un empresario cercano al Opus Dei que desde mayo de este año forma parte del consejo del Banco Popular. Su sucesor hasta la actualidad es Antonio Llardén, que previamente fue directivo en Gas Natural y presidente de la patronal Sedigás.
El monopolio de facto del que gozó Gas Natural gracias a su poder en Enagás fue debilitándose hasta 2009. La extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) puso como condición a Gas Natural salir de Enagás para autorizar que se hiciera con el control de Unión Fenosa (desde entonces se llama Gas Natural Fenosa). Ese año la gasistas catalana vendió su último 5% por 155 millones de euros a Oman Oil.
Los inversores de Enagás saben que el Estado garantiza su rentabilidad y solvencia, por lo que no entran a discutir en la toma de decisiones y mantienen un perfil bajo, incluso en episodios tan polémicos como el del almacén Castor. Actualmente, más del 75% del capital de Enagás está en manos extranjeras, principalmente de fondos de inversión y bancos de Estados Unidos y Reino Unido. Bank of America es el primer accionista privado de Enagás (3,6% de las acciones), seguido por Crédit Agricole (3,02%) y el fondo BlackRock (3%).
En 2007, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el SEPI estrenándose en el accionariado de la gasista, el consejo de Enagás nombró a Antonio Llardén presidente de la compañía, puesto que conserva hasta la fecha. Llardén es un conocido empresario con una vasta experiencia al frente de las principales organizaciones nacionales e internacionales dedicadas difundir ideas y hacer presión ante gobiernos y entes reguladores a favor de la industria gasista.
Antes de llegar a Enagás, Llardén fue presidente de Sedigas, la patronal del gas en España, y miembro del consejo directivo de Eurogas y la Unión Internacional de la Industria del Gas (IGU). Eurogas es el mayor lobby del gas en Europa e integra a las principales empresas de la industria gasista. Llardén incluso presidió en 2007 el LNG World Congress, el congreso mundial más importante para en el negocio del gas natural licuado.
Actualmente Llardén compagina su puesto en Enagás con la presidencia de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), integrada por las principales compañías del sector energético español y una de las mayores promotoras de los supuestos beneficios de quemar gas natural para frenar el calentamiento global.
El presidente de Enagás también forma parte de la junta directiva del selecto Club Español de la Energía, un ente privado creado para “contribuir a la mejor comprensión de los diferentes temas relacionados con la energía” a través de universidades, medios de comunicación y congresos anuales en los que ya es tradición la presencia del ministro de Energía (antaño Industria) y otros altos cargos del gobierno. En la última cita de este club, a mediados de junio, Llardén defendió el Acuerdo de París al mismo tiempo que aseguraba que “no es fácil pensar que tengamos un esquema 100% de renovables”, uno de los principales objetivos de dicho acuerdo.
El presidente de Enagás también es miembro del Consejo de Acción Empresarial de la CEOE (en los estatutos de la principal patronal no constan las funciones de este órgano) y del Foro de Dirigentes (Business Leadership Forum). Forma parte del prestigioso Real Instituto Elcano, que también promueve las ventajas del gas natural para enfrentar el cambio climático, y es patrono de la Fundación Princesa de Girona.
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La evasión fiscal es uno de los problemas que más notoriedad han adquirido desde que estalló la crisis financiera en 2008. Cada año los Estados de la Unión Europea dejan de ingresar entre 50.000 y 200.000 millones de dólares de grandes corporaciones que van a parar a territorios offshore, una cifra que se estima en 130.000 millones para el caso de Estados Unidos.
En los últimos años las naciones industrializadas y ‘ricas’, epicentro de la crisis, aumentaron la presión contra los evasores con todo tipo de medidas. Al mismo tiempo, las grandes corporaciones y fortunas del planeta perfeccionaron sus técnicas de ingeniería fiscal para continuar evadiendo al fisco.
Cinco democracias del grupo de países ‘muy desarrollados’ acaparan el 47% de los flujos de capitales que grandes multinacionales y evasores particulares envían hacia paraísos fiscales y centros financieros offshore, por valor de entre 21 y 32 billones de dólares (como referencia, el PIB de España en 2016 fue de 1,2 billones de dólares). Son Holanda, Reino Unido, Suiza, Singapur e Irlanda.
De estas cinco naciones, destacan Holanda y Reino Unido, con el 23% y el 14% de las transferencias mundiales de capital destinado a paraísos fiscales, tal y como revela un estudio publicado este lunes en Scientific Reports por el equipo de investigación CORPNET, de la Universidad de Amsterdam.
La investigación pone el acento en un tema clave y poco debatido: los paraísos fiscales, algunos tan conocidos como Luxemburgo o las Islas Caymán, son el destino final del dinero que empresas y millonarios evaden cada año. Sin embargo, para evitar la fiscalización de sus transacciones, estas sociedades utilizan plataformas intermediarias que les facilitan mover su dinero sin tributar.
Por ejemplo, entre 2007 y 2009 Google transfirió 12.500 millones de dólares a Bermuda a través de estructuras societarias situadas en Holanda. De una forma similar, Apple utilizó Irlanda como plataforma para evadir 14.500 millones de dólares desde 2003, lo que le permitió pagar solo el 0,005% de impuestos por sus beneficios. Gracias al rol de intermediación de estos países, la filial británica de Starbucks no pagó ni una libra de impuestos hasta 2012 (cuando se supo, hizo un pago de 20 millones de libras). Al mismo tiempo, si las grandes corporaciones pagaran los impuestos que les corresponden, las economías ‘en vías de desarrollo’ ingresarían 200.000 milllones de dólares más cada año, según la OCDE, una cifra superior a lo que reciben en ayuda al desarrollo (142.600 millones de dólares).
«Partiendo de que algunos países actúan como facilitadores y otros como paraísos fiscales, pudimos distinguir el rol y la importancia de cada país a nivel mundial», opina García-Bernardo, científico de datos y miembro del equipo investigador. A menudo se identifica los paraísos fiscales como pequeñas islas exóticas y alejadas difícilmente regulables. Sin embargo, el estudio revela que una gran parte de esos paraísos y de las plataformas que facilitan la llegada de dinero a los mismos son naciones ‘desarrolladas’ y con capacidad sobrada para combatir la evasión fiscal. En el caso de Reino Unido, su vinculación con un amplio número de paraísos fiscales está estrechamente ligada a su pasado colonialista.
La información sobre paraísos fiscales es limitada –el secretismo es uno de los principales atractivos de estos territorios– y hasta ahora no habían aparecido estudios que pusieran en perspectiva global el verdadero peso y rol de algunas de las naciones más modernas y democráticas en este opaco negocio, más allá de algunas investigaciones sobre casos particulares. El estudio empleó varios algoritmos para analizar los movimientos de capital de más de 98 millones de compañías a nivel mundial, así como a 71 millones de nombres y sociedades intermediarias ligadas a las mismas.
A continuación, reproducimos la lista con los principales paraísos fiscales del mundo (ordenados de mayor a menor) y el grupo de naciones ‘desarrolladas’ que sirven de plataforma intermedia para que los evasores transfieran su dinero hacia centros financieros offshore, según esta investigación, titulada ‘Descubriendo los centros financieros offshore: conductos y desagües en la red global corporativa’.
Países intermediarios de los paraísos fiscales (% sobre las transferencias mundiales hacia paraísos fiscales):
Paraísos fiscales (destinatarios finales):
*Países que tienen o tuvieron una relación colonial con Reino Unido.
La estrategia de Enagás para externalizar operaciones y reducir sus costes operativos explica que, por ejemplo, solo tenga nueve empleados en Perú, donde hasta hace pocos meses se desarrollaba uno de los mayores proyectos internacionales de la gasista (la construcción de un gasoducto ahora detenido por un escándalo de corrupción). México es el país extranjero en el que más empleados tiene Enagás: 11 personas. En Francia, Chile, Suiza o Estados Unidos, solo declara tener un empleado. Cualquier otra actividad en el extranjero o ajena a estos trabajadores, corre por cuenta de las subcontratas de Enagás.
En 2016, Enagás tenía en su cartera de proveedores a 1.800 empresas subcontratadas, es decir, más empresas contratistas que empleados propios. Tantos que en 2015 la compañía lanzó un portal web dedicado exclusivamente a sus subcontratas.
Enagás asegura que vigila de cerca las condiciones laborales de sus contratistas (no publica el nombre de las mismas). En 2004 Enagás enfrentó una pequeña crisis de imagen cuando dos empleados italianos de una de sus subcontratas resultaron heridos al caer desde un andamio sin tener amarre. Sin embargo, fue en 2009 cuando la compañía decidió involucrarse a fondo. Sucedió después del revuelo que se generó tras la muerte de un trabajador francés de 26 años mientras trabajaba en la construcción del almacén de gas subterráneo de Yela (Guadalajara), propiedad de Enagás. Las obras corrían por cuenta de una subcontrata.
Hoy en día las empresas que trabajan para Enagás deben firmar las condiciones generales de la compañía, incluido su código ético y todo lo que respecta en materia laboral, medioambiental, de igualdad de género, etcétera.
Los informes anuales de Enagás no incluyen nombres de sus contratistas y proveedores, pero avanza un dato revelador: el número de bajas de personal propio (índice de frecuencia de accidentes con baja) lleva años cayendo de manera sostenida hasta situarse en 1,8 accidentes por cada millón de horas trabajadas, un buen resultado dentro del sector industrial. No sucede lo mismo con el personal contratista: en 2016 la frecuencia de bajas en las subcontratas de Enagás se multiplicó por tres respecto a 2015 (de 2,55 a 10,43), según datos de la compañía.
Enagás dice que ese salto se debió a que ahora tiene un nuevo sistema para controlar a sus subcontratas, lo que “ha mejorado la fiabilidad del dato” y “explica la diferencia del índice respecto a años anteriores”. La misma nota aclara que en 2016 Enagás registró nueve accidentes con baja, pero no especifica la causa, el lugar ni la labor que desempeñaban esas personas. Sucede algo similar con el índice de gravedad con baja: disminuye el que se refiere a personal propio de Enagás, y aumenta un 57% para el personal de subcontratas entre 2015 y 2016.
Los proveedores críticos son aquellos para los que se recomienda realizar actuaciones e inspecciones debido a su mayor riesgo de incumplir el contrato. En el caso de Enagás, en 2016 el 59% de sus proveedores pertenecía a esta categoría. Solo el 28% de esas subcontratas de Enagás posee certificados medioambientales, y apenas el 23% están certificadas en materia de prevención de riesgos laborales, según informa la gasista en su informe anual. En 2016 Enagás evaluó la situación de los derechos sindicales en 117 de sus proveedoras (de 1.800), lo que reveló que un tercio (33%) no contaba ni con agentes sindicales ni convenio colectivo. Ese mismo examen reveló que solo la mitad (52%) tenía un plan de igualdad de género.
Última actualización: 1 de octubre 2020
Enagás es una de las empresas con mayor número de casos de puertas giratorias del Ibex 35 debido a varios factores: desde hace 17 años opera en régimen de monopolio, y en 2016 el 96,5% de sus ingresos procedió de actividades reguladas por el Estado. El precio de los servicios de Enagás los fija cada año el Ministerio de Energía (hasta 2016, Ministerio de Industria). Además, su principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 5% de las participaciones.
La mayoría de los consejeros de Enagás destaca por no tener una experiencia previa en materia energética que justifique su designación por razones técnicas, una de las reglas de su Comisión de Nombramientos, presidida por la exministra Isabel Tocino. Sin embargo, la compañía asegura que «en todos los casos se han respetado todas las normas de buen gobierno, legales y de compatibilidad».
En los últimos años, algunos consejeros dejaron la compañía salpicados por casos de corrupción.
A continuación, algunos casos considerados como puertas giratorias:
José Blanco: Vicesecretario general del PSOE entre 2008 y 2012, fue ministro de Fomento (2009-2011) con José Luis Rodríguez Zapatero y eurodiputado (2014-2019). En junio de este año, el consejo de administración de Enagás acordaba nombrarle consejero de la compañía. Encargada de la infraestructura gasística española, Enagás está controlada en un 5% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
José Montilla: En la misma ronda de fichajes, Enagás también incorporaba a su consejo al exministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2006, José Montilla. Ambas incorporaciones hacen que Enagás, según el diario El Mundo, se convierta en “el grupo del IBEX con mayor número de expolíticos colocados por los distintos gobiernos”. Montilla y Blanco se encontrarán en el consejo de administración con Ana de Palacio e Isabel Tocino, exministras del Partido Popular, Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, o con el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja Arburúa, eurodiputado del PP (2002-2004) e hijo del ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de UCD Marcelino Oreja Aguirre.
