Periodista de pueblo que habla idiomas. Especializado en economía, asuntos internacionales e investigación. Licenciado en Periodismo por las universidades de Málaga, Incheon (Corea del Sur) y Santo Tomás (Chile). Máster en Economía por la Universidad de la Sorbona y la Escuela Superior de Comercio de París. Colabora e investiga para Fundación porCausa (migraciones), The New York Times y OCCRP, entre otros.
GNF no quiso responder a las preguntas de La Marea acerca de la situación de su plantilla y las contradicciones de sus propios datos, entre ellos:
– GNF presume de que la persona mejor pagada de la compañía gana solo seis veces más que la media de la plantilla. Según cifras de la empresa de 2015*, el salario medio de sus empleados en España, desde directivos hasta técnicos, es de 52.065 euros anuales para los hombres, mientras que las mujeres cobran 45.812. Es decir: la persona mejor pagada debería cobrar como máximo 312.400 euros. Pero la realidad es que Rafael Villaseca, consejero delegado de GNF, percibió 3,3 millones de euros en 2015. GNF solo ofrece el dato del salario medio para España, pero no contabiliza países como Colombia, México o Moldavia, donde los empleados de GNF cobran entre 5.000 y 6.000 euros anuales.
– GNF destaca que en 2015 impartió 832.144 horas de formación a 165.987 participantes de 14 países, una media de 61,4 horas por empleado según sus propios datos. El cálculo arroja varias dudas: al dividir el total de horas impartidas entre el número de participantes, el resultado es una media de… 5 horas por persona. GNF tenía entonces 17.229 empleados, una cifra que sí justificaría la media de 61,4 horas por trabajador pero que no encaja si se aplica a las 165.987 personas que, según explica la compañía, se beneficiaron de estos cursos de formación.
– También presume de que el 95,1% de su plantilla se benefició de sus múltiples cursos de formación, invirtiendo una media de 774,5 euros en cada empleado para este fin, un total de 10,49 millones de euros en 2015. Otra cifra que no encaja: según su memoria anual, en 2015 GNF tenía 20.641 empleados, de los que 19.629 recibieron formación. Si GNF invirtió en cada uno de ellos 774,5 euros, su presupuesto total no fue de 10,49 millones sino de 15,2 millones de euros.
– En la tabla en la que aparece su plantilla total (20.641 trabajadores, cifra que varía sensiblemente en los distintos documentos de GNF), la empresa asegura que el 79,6% de sus trabajadores está incluido en el convenio colectivo. GNF no aclara si se trata solo de su plantilla en España, aunque es lo más probable teniendo en cuenta que en muchos países donde opera están regidos por dictaduras que limitan o prohíben la actividad sindical, como Catar, Egipto, Omán, Azerbaiyán, etcétera.
– La compañía lamenta que sus operaciones causaron 198 accidentes en 2015, dejando un saldo de 45 muertos y 247 heridos entre los clientes y consumidores de sus servicios en todo el mundo (no aporta más información al respecto), pero sostiene en el mismo informe que “no se produjeron accidentes de seguridad graves”. Solo reconoce cinco causas judiciales abiertas en su contra a pesar de estas cifras y un empleado fallecido ese año en Panamá. La compañía pide a sus subcontratas todo tipo de información sobre siniestralidad laboral y se limita a informar que siete empleados de sus subcontratas murieron en 2015.
Gas Natural Fenosa detalla su visión sobre la política de medio ambiente en un documento de 130 páginas con un diseño sofisticado que se titula Hacia una empresa baja en carbono. Tras unas primeras 20 páginas de comparativa científica y buenas intenciones, la empresa afirma que “existe una elevada probabilidad, pero en ningún caso una certeza absoluta, de que el cambio climático pueda dañar la biosfera”. [Pag.19] Más adelante, hay un estudio con una advertencia de fondo sobre el “coste de reducir los riesgos del cambio climático”.
El sector energético, por su naturaleza de proveer energía a hogares e industria, es uno de los más contaminantes. En España, Gas Natural Fenosa es la segunda empresa que más CO2 emite a la atmósfera (el 4% de las emisiones de todo el país), solo por detrás de Endesa y dos puestos por delante de Repsol, su segundo accionista mayoritario, según los datos de la Oficina Española del Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente -dirigido hasta 2011 por Cristina Garmendia, hoy consejera de la compañía gasista-. GNF también cuenta con tres de las diez instalaciones que más gases de efecto invernadero emiten en nuestro país: las centrales térmicas de carbón de Ordes (A Coruña) y Robla (León), y la planta de ciclo combinado de Sagunto (Valencia).
La compañía mantiene una amplia estrategia, acompañada de una ambiciosa campaña mediática a todos los niveles, para posicionar al gas como fuente imprescindible en la transición hacia energías limpias, al mismo tiempo que pretende fortalecer su imagen como una empresa ecologista y comprometida.
La realidad muestra que las emisiones de CO2 y equivalentes de GNF siguen en alza, la apuesta financiera por las renovables es anecdótica y su estrategia para combatir el calentamiento global se centra en fomentar el consumo de gas natural, un combustible fósil que tras su uso emite un amplio número de químicos nocivos –aunque inferiores al carbón y el petróleo-. A ojos de la compañía, es el único remedio para asegurar la transición del petróleo y el carbón a las energías renovables. Durante el boom del ladrillo previo al estallido de la crisis, GNF invirtió masivamente en centrales de ciclo combinado (funcionan a base de gas natural), creando un exceso de oferta de este tipo de plantas de generación eléctrica.
Las cifras
La estrategia sobre cambio climático de GNF aparece explicada con claridad -junto con los galardones que recibe por ello- en múltiples páginas web de la empresa, folletos, informes de responsabilidad social corporativa y reportajes patrocinados. Según su declaración de intenciones, consiste básicamente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante planes de ahorro y eficiencia, inversión en investigación y la promoción de sistemas de “movilidad sostenible”.
En el marco de esta estrategia GNF se fijó el objetivo de reducir sus emisiones un 7,5% entre 2013 y 2020. A menos de tres años para que termine ese periodo, el 77,9% de las instalaciones de Gas Natural siguen siendo contaminantes. Solo una quinta parte de su capacidad instalada está libre de emisiones contaminantes, y tan solo el 16,4% de la producción eléctrica de esta empresa puede presumir de ser limpia, según datos de la propia compañía. El 58,6% de la electricidad que vende GNF proviene de plantas de ciclo combinado, seguida de las centrales térmicas a base de carbón, petróleo y gas (15%), hidráulica (13,5%), nuclear (3,9%) y otras fuentes.
Durante el periodo de tiempo para el que desglosa datos, la gasista ha aumentado sus emisiones contaminantes de forma sostenida en términos totales y relativos. Por ejemplo, en 2015* GNF emitió sustancias nocivas (dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, metano, etcétera) equivalentes a 22.423 kilotoneladas métricas de CO2, un 13% más que el año anterior, según indica en su apartado “Gestión responsable del medio ambiente”.
En el mercado europeo de derechos para emitir gases contaminantes, el coste para emitir una tonelada de CO2 es inferior a cinco euros, mientras que los expertos dicen que debería estar por encima de 30 euros para así promover la inversión en energías limpias.
Además, crecieron un 9,6% las emisiones específicas de CO2 de GNF hasta situarse en 445 toneladas de CO2 por cada Gigawatio hora, lejos del objetivo de 390 toneladas de CO2 por Gigawatio hora que la compañía difunde en sus campañas.
Los cálculos de GNF sitúan en 10,1 toneladas de CO2 su nivel de emisiones por cada kilómetro de su red de transporte y distribución de gas. Pero a pesar de esto y lo anterior, hay que leer la letra pequeña de sus informes para encontrar esta información. En las explicaciones más visibles, la empresa solo hace gala de las tecnologías renovables de más reciente instalación, así como de las “emisiones evitadas” gracias a sus planes de eficiencia, que en 2015 ascendieron a 15,4 toneladas métricas de CO2 y equivalentes, según los datos sin desglosar que publica.
A finales de septiembre, Gas Natural Fenosa logró tumbar la cláusula del concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid que favorecía la contratación de eléctricas que venden energía procedente de fuentes renovables y libres de emisiones de CO2. La compañía aseguró que es una cláusula «diabólica» y, después de que la Justicia aceptara el recurso de la gasista, el Consistorio de la capital decidió retrasar el concurso para el nuevo contrato de suministro eléctrico.
Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosaaquí.
“Desde hace años, Gas Natural Fenosa viene desarrollando un papel muy activo en la acción contra el cambio climático”. En frases similares acompañadas de fotografías de patos en exóticas lagunas o niños africanos que ríen mientras escriben, la compañía expresa su preocupación por la biodiversidad y otras formas de “capital natural”, y explica que además de respetar la ley, toma “medidas adicionales de carácter voluntario” para proteger el medio ambiente. Trata de demostrar este compromiso haciendo gala de un amplio número de galardones, como el de Carbon Disclosure Project, que situó a GNF en una posición líder entre 2011 y 2014, o el famoso Dow Jones Sustainability Index, que le da 100 puntos sobre 100 a su estrategia climática.
Hay dos inquietudes de GNF a corto plazo que destacan entre las demás: los precios fijados por la Unión Europea a las emisiones de dióxido de carbono y, sobre todo, el coste social de ser una empresa contaminante.
Google da cuenta de esa preocupación. Al introducir en el buscador los términos “Gas Natural Fenosa medio ambiente”, los 43 primeros resultados llevan a enlaces de la propia empresa o de organizaciones afines como la patronal eléctrica, Unesa. Entre los resultados aparecen también algunos artículos de prensa, patrocinados y contenidos propios, sobre actividades de GNF relacionadas con el respeto a la naturaleza o las famosas listas que cada año organizan revistas de negocios como Fortune y Forbes, en las que la energética aparece muy bien posicionada a pesar de la evolución de sus emisiones contaminantes.
El resultado 44 en el buscador de Google aparece como un intruso en medio de las decenas de páginas que ensalzan el compromiso de GNF con la madre tierra. Se trata de un post de Greenpeace que habla de una protesta simbólica de varios activistas de esta ong en contra del macroproyecto de GNF en el Parque Nacional de Doñana, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
La empresa presume de participar en distintos programas para reducir su huella ecológica de manera directa y a través de su Fundación. Una de esas iniciativas se llama Business Leadership Criteria on Carbon Pricing, y consiste en fijar simbólicamente precios altos a sus propias emisiones de carbono para así restar ventaja a las inversiones contaminantes que discuten sus ejecutivos. Otra es la plataforma Caring for Climate; incluso firma iniciativas de WWF –no por ello esta organización deja de denunciar sus proyectos en Doñana y otros ecosistemas sensibles- y también de Naciones Unidas, como los Objetivos Basados en la Ciencia.
Otras iniciativas contra el cambio climático en las que GNF está presente son: iniciativa “Un Millón por el Clima” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, la Cumbre del Clima de París, el Clúster de Cambio Climático de Forética, el Grupo español de Crecimiento Verde y el Convenio con Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá, entre otros.
Actualización (05/10/2017):
A finales de septiembre, Gas Natural Fenosa logró tumbar la cláusula del concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid que favorecía la contratación de eléctricas que venden energía procedente de fuentes renovables y libres de emisiones de CO2. La compañía aseguró que es una cláusula «diabólica» y, después de que la Justicia aceptara el recurso de la gasista, el Consistorio de la capital decidió retrasar el concurso para el nuevo contrato de suministro eléctrico.
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En 2016 Gas Natural Fenosa era propietaria, arrendadora o gestora de 60.358 hectáreas adyacentes o dentro de zonas de especial protección para aves, espacios naturales protegidos, humedales dentro del Convenio Ramsar, reservas naturales, reservas permanentes de caza, sitios de interés ecológico, áreas de protección ambiental, áreas de recreo nacional, áreas de importancia para la conservación de las aves, monumentos nacionales y naturales, paisajes protegidos, reservas científicas, refugios de vida silvestre y otros espacios protegidos por su importancia ecológica, biológica e histórica, la mayoría localizados en España, Italia, Marruecos, Panamá, Chile, México, Costa Rica, Moldavia y Brasil. En total hay 166 especies animales en peligro de extinción cuyos hábitats están en zonas afectadas por las operaciones de GNF.
“En todos los casos, la compañía cumple con las exigencias dictadas por las administraciones públicas para minimizar los posibles efectos negativos”, dice en sus informes la empresa, que declinó responder a las preguntas de La Marea.
También el acceso a agua choca en distintos lugares del mundo con los negocios de GNF. La construcción de represas obliga a desplazar a un elevado número de personas de sus hogares, inunda tierras aptas para la agricultura y modifica el curso y caudal de los ríos, causando un impacto directo sobre el medio ambiente y la vida de quienes habitan las zonas afectadas, por no mencionar el riesgo de accidente por fugas de agua, por ejemplo.
La compañía cuenta con un “Plan de Acción del Agua” que pretende mejorar la gestión interna de este recurso vital y reducir su huella hídrica. La medida tiene sentido considerando que el 34,6% de la potencia instalada de GNF se encuentra en zonas secas con menos de 1.000 metros cúbicos de agua al año por habitante.
La compañía invirtió 15,62 millones de euros en innovación e investigación en 2015, es decir, el 0,5% de sus ingresos ese mismo año. La media de inversión en I+D+I de la industria energética a nivel global es del 1,2% de las ventas totales, según la consultora PwC, la misma que audita las cuentas de GNF y que tuvo entre sus directivos el hijo de Isidro Fainé, presidente de la gasista. De esos 15 millones, una quinta parte (2,8 millones) fue destinado a innovar en materia de energías renovables (el informe de 2016 señala que GNF dedicó 1,7 millones a innovación en renovables, pero no desglosa esa partida) .
La investigación en biometano fue la que más financiación tuvo dentro del cupo de las renovables (0,83 millones), mientras que la energía solar solo recibió 230.000 euros y la eólica 270.000, una cantidad similar al sueldo base de cada uno de los 17 consejeros de la compañía -sin contar las primas que conforman la mayor parte de la remuneración total-.
Coche gas: Gas Natural Fenosa pule su imagen “ecofriendly” tanto en medios de comunicación antiguos como nuevos. En El Español, el diario digital fundado por Pedro J. Ramírez, antiguo director de El Mundo, la empresa patrocina un espacio especial -un híbrido entre reportaje y propaganda, pues no tiene firma, a diferencia de otros textos similares de grandes multinacionales en el mismo medio, ni fecha ni fuentes independientes- para defender las bondades del coche impulsado por gas, que no solo “permite ahorrar mientras se conduce” sino que ayuda a hacerlo “respetando el medio ambiente”.
El gas natural en vehículos emite un 25% menos de partículas de CO2 respecto a los combustibles tradicionales y un 85% menos las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno). A pesar de eso, los vehículos propulsados por gas natural siguen emitiendo demasiados gases contaminantes como para cumplir los objetivos mínimos de los Acuerdos de París, que establecen mecanismos para que la temperatura global media del planeta no aumente más allá de los dos grados centígrados, lo que desencadenaría consecuencias impredecibles e incontrolables. Más allá de los postulados de expertos a sueldo que se presentan como independientes, el debate sobre este tema en el mundo académico pone de relieve que el gas como transición hacia un transporte sostenible y no contaminante roza lo utópico ya que habría que cambiar por completo las estaciones de servicio de todo el país y, además, la innovación tecnológica hace cada vez más fácil el acceso a los vehículos eléctricos, lo que dejaría obsoleto el gas vehicular en poco tiempo.
GNF es una de las empresas del Ibex 35 con mayor proyección internacional. Está presente en 37 países de los cinco continentes y es líder en el negocio gasista en la cuenca mediterránea y atlántica, aunque en la pestaña “Presencia en el mundo” de su web corporativa no se mencionan sus actividades en lugares como Catar o Azerbaiyán, entre otros. La multinacional gestiona sus actividades haciendo gala de un considerable margen de maniobra a nivel diplomático que desde hace décadas le ha servido para crecer y tomar fuerza más allá de las fronteras nacionales.
Fuera de España, GNF es un actor clave en América Latina, tiene peso en varios países de Europa, su presencia en el mundo árabe va desde Marruecos hasta Catar y lleva tiempo instalada –y creciendo– en el África subsahariana. Ahora los estrategas de GNF apuntan hacia Asia, en concreto a India, donde la empresa cuenta con la colaboración de varias corporaciones rusas para abrirse mercado en el segundo país más poblado del planeta.
Los primeros pasos firmes de GNF en el extranjero tuvieron lugar en los años 60 y estuvieron encaminados hacia los países árabes, grandes proveedores de la materia prima que inspira el nombre de la compañía. La tradicional cercanía del gobierno de España con las monarquías y autocracias árabes granjeó proveedores a GNF cuando la compañía aún se llamaba Catalana de Gas y Unión Fenosa era una empresa aparte. GNF ya no presume de las fotos de su presidente histórico, el empresario catalán Pere Duran Farrell, visitando la jaima del coronel Muamar el Gadafi en Libia o desplazándose hasta una Argelia desesperada por encontrar aliados europeos tras la cruenta descolonización de Francia. De aquella época quedan otras pruebas, como la principal línea de abastecimiento del combustibe argelino con España: el gasoducto Duran Farrell.
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Seis países de África cuentan con operaciones de GNF: Argelia, Marruecos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica y Angola. Al igual que hace la mayoría de las transnacionales de los países industrializados, la labor de GNF en África se concentra en la obtención de recursos y materias primas que van desde el gas natural hasta el carbón.
Fue en 2007 cuando GNF aceleró sus planes de expansión en el continente africano, un año antes del estallido de la crisis en España y ante la necesidad de buscar nuevas fuentes de gas, carbón y otros recursos para aliviar los elevados precios de las materias primas en aquel entonces. Además de los problemas crónicos en y con Argelia, desde que GNF desembarcó en África los conflictos no han cesado, principalmente en Egipto y Sudáfrica.
Sudáfrica
Desde 2007 GNF extrae cada año tres millones de toneladas de carbón de la mina sudafricana de Savmore, propiedad de Kangra Coal, una sociedad en la que GNF es accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Además, su control de Kangra Coal también la convierte en accionista de la terminal de carbón Richard Bay, una de las más grandes del mundo, desde donde carga buques para transportar este combustible hasta sus plantas térmicas en Galicia, Asturias y Castilla y León. Tanto en la mina de Savmore como en Richard Bay (opera las 24 horas del día), las comunidades aledañas y los trabajadores llevan años de reivindicaciones por diversos motivos.
Las protestas son tónica habitual en los negocios de GNF en Sudáfrica. En abril del año pasado los habitantes próximos a la mina de Savmore volvieron a protestar por los daños causados por las operaciones de la empresa y por las promesas incumplidas sobre planes para el desarrollo local y generación de empleo. Según varios manifestantes, la policía utilizó fuego real y armas blancas para disuadirles. La subsidiaria de GNF publicó un comunicado alegando que estaba en contacto permanente con la comunidad.
En agosto pasado, miles de personas de la comunidad KwaMbonambi interrumpieron el funcionamiento del terminal de Richard Bay por la muerte de Thokozani Mbika, sindicalista y líder local, y su primo Ndoda Mbika. Ambos fueron asesinados el mismo día en que iban a negociar mejoras laborales y la regularización de trabajadores sin contrato con los responsables de este terminal de carga de carbón participado por GNF. Los responsables del asesinato dejaron una nota junto a los cadáveres amenazando con matar a quienes continuaran con las protestas.
Egipto
Cuando en 2013 el general Abdelfatah Al-Sisi depuso con un golpe de Estado a Mohamed Morsi, primer presidente democrático en la historia de Egipto, el mundo de los negocios reaccionó con optimismo y dio por hecho que volverían los privilegios para las multinacionales en el país más poblado del Magreb. Pero pronto GNF se llevó una decepción en este sentido.
Unión Fenosa Gas, propiedad de GNF y la italiana ENI (50% cada una), controla la planta de licuefacción de Damietta. Desde 2004, Unión Fenosa Gas compraba el gas egipcio por debajo de su precio de mercado y lo transformaba para ser transportado a España, en concreto al puerto valenciano de Sagunto. La ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales calcula que el Estado egipcio perdió 4.400 millones de dólares entre 2005 y 2010 en sus ventas de gas a GNF.
La compañía también controla el 80% de SEGAS (Spanish Egyptian Gas Company), la sociedad que gestiona el tren de licuefacción de la planta de Damietta y cuyo 20% restante está en manos del Estado egipcio. Se trata de la mayor inversión privada española en ese país, y desde esa fábrica llegaba a España la mayor parte del gas licuado procedente de Egipto.
Morsi fue elegido presidente en junio de 2012. Nada más llegar al poder, su gobierno empezó a limitar el envío de gas a la planta de Damietta para aliviar la escasez interna que vivía el país tras un largo periodo de protestas e inestabilidad. También cortó el suministro a Jordania e Israel, a quienes su predecesor, el autócrata Hosni Mubarak, vendía este recurso a precios inferiores a los del mercado. A finales de 2012, la actividad de la planta de Damietta se vio totalmente interrumpida.
A principios de 2013 GNF denunció a EGAS, la empresa gasista del Estado egipcio, ante la Cámara de Comercio Internacional, un tribunal de arbitraje con sede en París. En julio de ese año, el entonces ministro de Defensa Al-Sisi echó al presidente Morsi por la fuerza para ocupar su cargo, un golpe que contó con el apoyo directo de Estados Unidos, e indirecto por parte de la Unión Europea (Morsi permanece en prisión desde entonces). “Estamos confiados de que cuando la actual situación política en Egipto se estabilice (…) podamos ya entrar en detalle de cual sería ese acuerdo definitivo”, declaró entonces el consejero delegado de GNF, Rafael Villaseca.
El tribunal de arbitraje dio parte de razón a Egipto, así que en 2014 GNF presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Para ello contrató al despacho de abogados King & Spalding, con sede en Texas y especializado en pleitos de petroleras en Oriente Próximo. La última nota de prensa de GNF sobre este caso data de julio de 2016 y se resume en una frase: “el arbitraje no ha terminado”.
La situación de la planta de Damietta también fue un tema en la visita de Al-Sisi a Madrid en abril de 2015, que incluía un almuerzo con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Según contaron algunos medios, también se pretendía hablar sobre la situación de Hussein Salem (ver abajo).
El caso de Hussein Salem
Hussein Salem era un alto funcionario del gobierno de Mubarak. Fue él quien, a través de una de sus sociedades, firmó los acuerdos de suministro de gas a Israel a un precio un 70% inferior al que establecía el mercado. En 2008 el gobierno de Zapatero le concedió la nacionalidad sin motivo aparente (la Audiencia Nacional no consideró “relevante” preguntar al respecto) y en 2011 huyó a España para evitar los juicios por casos de corrupción en su país. Sin embargo, poco después la Audiencia Nacional bloqueó sus cuentas por la acusación de blanqueo de capitales formulada por las autoridades egipcias, aunque se negó a extraditarle a su país de origen.
Desde entonces tenía que abandonar una vez al mes su mansión de La Moraleja, en Madrid, para firmar en comisaría, hasta que en agosto de 2016 Salem aceptó pagar 534 millones de euros (el 75% de su fortuna declarada) a las autoridades egipcias –que retiraron su acusación en España– a cambio de cerrar todas las causas en su contra.
Según explicó el periodista egipcio Mohamed Hassanein Heikal a Diagonal Periódico, Salem le dijo que otorgó a Unión Fenosa la concesión del gas de Damietta “porque estoy en deuda con España por haberme dado la ciudadanía”. En 2008, año que obtuvo la nacionalidad española, Unión Fenosa pagaba el gas egipcio a dos dólares por millón de BTU (unidad de medida calórica) mientras el precio de mercado se situaba en torno a los 12 dólares.
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Argelia es una pieza imprescindible en el negocio de Gas Natural Fenosa desde que la empresa catalana inició sus compras de gas argelino en 1965 –con un paréntesis iniciado en 1973–, cuando el entonces presidente de Catalana de Gas, Pere Duran Farell, firmó los primeros contratos de gas con el país más grande de África hoy en día.
GNF mantiene una relación de interdependencia con Argelia en la que periódicamente surgen situaciones conflictivas y escándalos de corrupción, pero también episodios en los que su diplomacia comercial sirve para acercar a gobiernos enemistados, como el argelino y el marroquí.
El gas de Argelia –sus reservas están en la novena posición en el ranking mundial– representa aproximadamente el 50% del suministro total de la empresa catalana, que lo transporta a España a través de los gasoductos Medgaz (creado en 2001, va desde los yacimientos de Hassi R’mel hasta la playa del Perdigal en Almería) y Magreb-Europa (desde Hassi R’mel hasta Zahara de los Atunes, atravesando Marruecos y el estrecho de Gibraltar).
Los contratos de GNF y la empresa pública argelina Sonatrach son confidenciales pero durante su negociación, la catalana cuenta con el “apoyo político” del gobierno nacional “si surge un problema en la discusión”, explica un experto del sector energético.
El acuerdo para construir el gasoducto Magreb-Europa se firmó en 1992, aunque hubo que esperar hasta 1996 para su inauguración y desde entonces las importaciones españolas de gas se han multiplicado por 10. Seis meses antes de aquella firma, el Gobierno argelino canceló las elecciones que daban la victoria al Frente Islámico de Salvación y comenzó una guerra civil que dejó más de 200.000 muertos.
El gobierno de España, presionado por Catalana de Gas y otras compañías con intereses en el país magrebí, jugó a los dos bandos. “La cooperación económica en materia energética estuvo siempre a buen recaudo (…) España mantuvo en todo momento abierto el Consulado de Orán (…) un hecho que Argelia siempre agradeció”, sostiene Rafael Bustos de la Fundación CIDOB y especialista en Argelia. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores, Fernando Fernández Ordóñez, declaraba haber obtenido garantías del Frente Islámico de Salvación sobre el abastecimiento de gas a España en caso de que alcanzaran el poder.
El gasoducto Magreb-Europa está dividido en cuatro tramos -Argelia, Marruecos, España y Portugal-. Desde el año 2000 el tramo argelino lleva el nombre del presidente de honor de GNF: Duran Farell. El tramo marroquí lo gestionan las sociedades Europe Maghreb Pipeline y Metragaz, en las que GNF controla el 77,2% y el 76,7% de las acciones respectivamente, mientras que Enagás se encarga de la parte española.
Por otro lado, GNF posee el 15% de Medgaz, la sociedad que gestiona el gasoducto con el mismo nombre, en la que también participan Sonatrach (43%) y Cepsa (42%), que ha expresado su intención de vender su participación. De esta forma GNF se sitúa como empresa clave en el control de las dos tuberías que transportan dos tercios del gas argelino que consumen España, Italia, Portugal y, en menor medida, Francia (el resto llega en forma de gas licuado).
Acuerdos secretos y una ley florero
En septiembre de 2016 el gasoducto Medgaz permaneció tres días sin actividad por problemas técnicos, informó Enagás. Por Medgaz entra el 48,1% del gas que llega a España desde Argelia, según Cores, la agencia pública que debe garantizar la seguridad de suministro de hidrocarburos en España. Esto corresponde al 21% del total que importa España. Otro 11,3% del gas viene de Argelia por barco. En 2015 Argelia suministró el 60% del total, superando el 50% máximo que estipula la ley desde 2007 para un mismo abastecedor extranjero. La dependencia de Argelia va en aumento (37% en 2011, 40% en 2012, 51% en 2013, 59% en 2014…).
Argelia tiene sus propias particularidades. Esta antigua colonia francesa ocupa el puesto 108 en el ránking de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (en total hay 176 países, España está en la posición 41). Varios periodistas con larga experiencia en ese país aseguran a La Marea que pagar sobornos “es la única forma de hacer negocios en Argelia”.
La falta de transparencia, el hermetismo de la clase política –el presidente Bouteflika lleva desde 2012 sin pronunciar un discurso– y la caída del precio del gas y el petróleo (acaparan el 98% de sus exportaciones y dos tercios de sus ingresos fiscales) aumentan la tensión social en el país más valioso para el portfolio de GNF.
Pagos a Gustavo de Arístegui y a Pedro Gómez de la Serna
El exdiputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna (PP) y el ex embajador en India y portavoz de exteriores en el Congreso Gustavo de Arístegui declararon ante la Audiencia Nacional a mediados de 2016 por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra ambos y varias personas más por los «delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales e integración en organización cirminal».
A finales de ese año el magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el caso, José de la Mata, decidió prolongar el secreto de sumario del esquema de corrupción que afecta a 19 imputados -uno de los más importantes, Cristóbal Tomé, falleció en 2016- y abarca a varios países: Argelia, Holanda, Panamá, Moldavia y Emiratos Árabes Unidos. Una de las grandes empresas investigadas en este caso es Elecnor, una de las principales subcontratas de GNF en Argelia, mientras que en el lado argelino están imputados numerosos altos cargos del Estado, como Omar Alilat, diputado y jefe de campaña del presidente Bouteflika.
GNF pagó entre 2009 y 2014 al menos 895.850 euros al exdiputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna (PP) y al exembajador Gustavo de Arístegui para mediar con funcionarios y políticos argelinos a través de la marca comercial Voltar Lassen, según las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Antonio Basolas, el directivo de GNF que firmó el acuerdo con Gómez de la Serna y Arístegui y que autorizó los pagos a la red de sociedades pantalla de los imputados, admitió los pagos ante el juez De la Mata y afirmó que el contrato con los dos imputados tenía como objeto “la elaboración de análisis de mercados internacionales y asesoría externa para el desarrollo de la estrategia internacional de Gas Natural”.
Los pagos se hacían a través de CaixaBank, accionista principal de GNF, y se abonaban en la cuenta de Scardovi SL, propiedad de Gómez de la Serna, que más tarde transfería el dinero a Karistia SL, administrada por este último y de Arístegui. La red de reparto de dinero de estos dos altos funcionarios tenía por objetivo favorecer a la gasista en sus litigios con Sonatrach y obtener nuevas adjudicaciones públicas en Argelia. Entre 2010 y 2012 GNF pagó 41.300 euros mensuales a Gómez de la Serna, que se encargaba de repartirlos con De Arístegui y que después se redujeron a 20.650 mensuales.
Basolas sigue trabajando para GNF como director general de estrategia y desarrollo. En 2014 fue ascendido a varios cargos, como la vicepresidencia de CGE, la mayor empresa eléctrica de Chile, adquirida ese mismo año por GNF, y la gasista chilena Gasco, participada por la catalana.
GNF y la estatal Sonatrach se encontraban en uno de los momentos más tensos de su larga relación cuando la catalana decidió contratar a estos influyentes cargos para mediar en Argelia. Desde 2007 ambas compañías discrepaban sobre el precio del gas en sus contratos a largo plazo, pero el exdiputado y el antiguo embajador no pudieron convencer a las autoridades de arbitraje comercial, que en 2010 sentenciaron que GNF debía abonar 1.500 millones de euros a Sonatrach. Las negociaciones continuaron, la gasista siguió pagando elevadas cifras al exdiputado y el exembajador y finalmente GNF pagó 1.310 millones a Sonatrach, que ahora controla el 4% de GNF.
Amenazas terroristas
El terrorismo es una amenaza clara para los intereses de GNF en Argelia y, por ende, para las necesidades energéticas de España. Los ataques contra instalaciones energéticas argelinas son cada vez más frecuentes -el último tuvo lugar en marzo de 2016, cuando un grupo terrorista atacó con cohetes la planta gasística de Krechba-. Cualquier problema en la infraestructura gasista argelina puede tener grandes repercusiones a corto y largo plazo para España. “Es el principal suministrador, representa casi el 60% de las importaciones de gas de España”, explica Gonzalo Escribano, experto en energía y geopolítica del Real Instituto Elcano. “En enero el precio de la electricidad se disparó en España y el sur de Francia porque se disparó el precio del gas con la ola de frío, y Argelia tenía una de sus dos plantas de gas en parada técnica”, explica Escribano.
Argelia está en una situación política delicada debido al mal estado de salud del octogenario presidente Bouteflika, en el cargo desde 1999. Las guerras en Afganistán e Iraq hicieron que Al Qaeda y otros grupos yihadistas tomaran fuerza en el Sahel, incluido el Sáhara argelino, donde están las principales explotaciones de gas natural, y también en naciones cercanas con gobiernos ausentes o débiles tales como Libia, Mali y Níger.
Una fuente del cuerpo diplomático español con varios años de experiencia en Argelia, que accede a hablar con La Marea bajo anonimato, asegura que “en Argelia hay un acuerdo total entre el gobierno y los islamistas” y afirma que empresas que operan en Argelia pagan sobornos a funcionarios y políticos, que pueden acabar en manos de grupos yihadistas para evitar que ataquen infraestructuras críticas como gasoductos, plantas regasificadoras, etc. “En Argelia es sencillo: dicen ‘no ataquéis esto y os damos tanto’”, declara esta fuente.
A la pregunta de cuál es el precio que pagan otros países para que España pueda disfrutar de recursos fósiles, esta fuente reservada responde con contundencia: “Se están manteniendo regímenes corruptos como Argelia, Nigeria y Catar (…). Catar ya sabemos a quién financia, ¿a dónde va parte del dinero del gas que consume España? Al Estado Islámico”. Por el contrario, el experto del Instituto Elcano Escribano opina que “no se paga ningún precio”. “Si dejas de importar gas de Argelia, ¿de dónde lo vas a importar? ¿Crees que Nigeria, Catar o Rusia tienen mejores condiciones de respeto al Estado de derecho?”, añade Escribano. “No se trata de castigar dos veces a la población argelina diciéndoles ‘oiga, ustedes padecen una dictadura, pues ahora encima van a pasar hambre’”.
La Marea no ha podido saber la versión de GNF sobre este y otros asuntos porque la empresa se negó a contestar a las preguntas.
Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosaaquí.
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