GNF en el continente africano

Seis países de África cuentan con operaciones de GNF: Argelia, Marruecos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica y Angola. Al igual que hace la mayoría de las transnacionales de los países industrializados, la labor de GNF en África se concentra en la obtención de recursos y materias primas que van desde el gas natural hasta el carbón.

Fue en 2007 cuando GNF aceleró sus planes de expansión en el continente africano, un año antes del estallido de la crisis en España  y ante la necesidad de buscar nuevas fuentes de gas, carbón y otros recursos para aliviar los elevados precios de las materias primas en aquel entonces. Además de los problemas crónicos en y con Argelia, desde que GNF desembarcó en África los conflictos no han cesado, principalmente en Egipto y Sudáfrica.

Sudáfrica

Desde 2007 GNF extrae cada año tres millones de toneladas de carbón de la mina sudafricana de Savmore, propiedad de Kangra Coal, una sociedad en la que GNF es accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Además, su control de Kangra Coal también la convierte en accionista de la terminal de carbón Richard Bay, una de las más grandes del mundo, desde donde carga buques para transportar este combustible hasta sus plantas térmicas en Galicia, Asturias y Castilla y León. Tanto en la mina de Savmore como en Richard Bay (opera las 24 horas del día), las comunidades aledañas y los trabajadores llevan años de reivindicaciones por diversos motivos.

Las protestas son tónica habitual en los negocios de GNF en Sudáfrica. En abril del año pasado los habitantes próximos a la mina de Savmore volvieron a protestar por los daños causados por las operaciones de la empresa y por las promesas incumplidas sobre planes para el desarrollo local y generación de empleo. Según varios manifestantes, la policía utilizó fuego real y armas blancas para disuadirles. La subsidiaria de GNF publicó un comunicado alegando que estaba en contacto permanente con la comunidad.

En agosto pasado, miles de personas de la comunidad KwaMbonambi interrumpieron el funcionamiento del terminal de Richard Bay por la muerte de Thokozani Mbika, sindicalista y líder local, y su primo Ndoda Mbika. Ambos fueron asesinados el mismo día en que iban a negociar mejoras laborales y la regularización de trabajadores sin contrato con los responsables de este terminal de carga de carbón participado por GNF. Los responsables del asesinato dejaron una nota junto a los cadáveres amenazando con matar a quienes continuaran con las protestas.

Egipto

Cuando en 2013 el general Abdelfatah Al-Sisi depuso con un golpe de Estado a Mohamed Morsi, primer presidente democrático en la historia de Egipto, el mundo de los negocios reaccionó con optimismo y dio por hecho que volverían los privilegios para las multinacionales en el país más poblado del Magreb. Pero pronto GNF se llevó una decepción en este sentido.

Unión Fenosa Gas, propiedad de GNF y la italiana ENI (50% cada una), controla la planta de licuefacción de Damietta. Desde 2004, Unión Fenosa Gas compraba el gas egipcio por debajo de su precio de mercado y lo transformaba para ser transportado a España, en concreto al puerto valenciano de Sagunto. La ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales calcula que el Estado egipcio perdió 4.400 millones de dólares entre 2005 y 2010 en sus ventas de gas a GNF.

La compañía también controla el 80% de SEGAS (Spanish Egyptian Gas Company), la sociedad que gestiona el tren de licuefacción de la planta de Damietta y cuyo 20% restante está en manos del Estado egipcio. Se trata de la mayor inversión privada española en ese país, y desde esa fábrica llegaba a España la mayor parte del gas licuado procedente de Egipto.

Morsi fue elegido presidente en junio de 2012. Nada más llegar al poder, su gobierno empezó a limitar el envío de gas a la planta de Damietta para aliviar la escasez interna que vivía el país tras un largo periodo de protestas e inestabilidad. También cortó el suministro a Jordania e Israel, a quienes su predecesor, el autócrata Hosni Mubarak, vendía este recurso a precios inferiores a los del mercado. A finales de 2012, la actividad de la planta de Damietta se vio totalmente interrumpida.

A principios de 2013 GNF denunció a EGAS, la empresa gasista del Estado egipcio, ante la Cámara de Comercio Internacional, un tribunal de arbitraje con sede en París. En julio de ese año, el entonces ministro de Defensa Al-Sisi echó al presidente Morsi por la fuerza para ocupar su cargo, un golpe que contó con el apoyo directo de Estados Unidos, e indirecto por parte de la Unión Europea (Morsi permanece en prisión desde entonces). “Estamos confiados de que cuando la actual situación política en Egipto se estabilice (…) podamos ya entrar en detalle de cual sería ese acuerdo definitivo”, declaró entonces el consejero delegado de GNF, Rafael Villaseca.

El tribunal de arbitraje dio parte de razón a Egipto, así que en 2014 GNF presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Para ello contrató al despacho de abogados King & Spalding, con sede en Texas y especializado en pleitos de petroleras en Oriente Próximo. La última nota de prensa de GNF sobre este caso data de julio de 2016 y se resume en una frase: “el arbitraje no ha terminado”.

La situación de la planta de Damietta también fue un tema en la visita de Al-Sisi a Madrid en abril de 2015, que incluía un almuerzo con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Según contaron algunos medios, también se pretendía hablar sobre la situación de Hussein Salem (ver abajo).

El caso de Hussein Salem

Hussein Salem era un alto funcionario del gobierno de Mubarak. Fue él quien, a través de una de sus sociedades, firmó los acuerdos de suministro de gas a Israel a un precio un 70% inferior al que establecía el mercado. En 2008 el gobierno de Zapatero le concedió la nacionalidad sin motivo aparente (la Audiencia Nacional no consideró “relevante” preguntar al respecto) y en 2011 huyó a España para evitar los juicios por casos de corrupción en su país. Sin embargo, poco después la Audiencia Nacional bloqueó sus cuentas por la acusación de blanqueo de capitales formulada por las autoridades egipcias, aunque se negó a extraditarle a su país de origen.

Desde entonces tenía que abandonar una vez al mes su mansión de La Moraleja, en Madrid, para firmar en comisaría, hasta que en agosto de 2016 Salem aceptó pagar 534 millones de euros (el 75% de su fortuna declarada) a las autoridades egipcias –que retiraron su acusación en España– a cambio de cerrar todas las causas en su contra.

Según explicó el periodista egipcio Mohamed Hassanein Heikal a Diagonal Periódico, Salem le dijo que otorgó a Unión Fenosa la concesión del gas de Damietta “porque estoy en deuda con España por haberme dado la ciudadanía”. En 2008, año que obtuvo la nacionalidad española, Unión Fenosa pagaba el gas egipcio a dos dólares por millón de BTU (unidad de medida calórica) mientras el precio de mercado se situaba en torno a los 12 dólares.

Índice completo del dossier #YoIbextigo sobre Gas Natural Fenosa aquí.

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josé bautista

josé bautista

Redactor de economía e internacional, centrado en el proyecto YoIbextigo.


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